Otros dos venezolanos caen delinquiendo

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venezolanos caen delinquiendo
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Uno fue denunciado por el robo de colchones y el otro por vender y poner inyecciones abortivas

A menos de 24 horas, de que un ciudadano venezolano cayera delinquiendo en el distrito de San Martín de Porras, otros dos extranjeros de la misma nacionalidad y al que el Perú le abrió las puertas, dada la crítica situación en la que vivían en su país, fueron detenidos por delitos contra el patrimonio.

Le dieron un trabajo y un techo pero prefirió delinquir. El venezolano Ósmel José Pirela Hernández de 21 años fue registrado por una cámara de seguridad robando 5 colchones del negocio en el que trabajaba.

La propietaria de la tienda de colchones, que está ubicada en la cuadra cuatro de la avenida Parinacochas en la Victoria, denunció también el robo de su laptop y 1500 soles que eran las ganancias del día.

Para efectuar el robo, Pirela tuvo un cómplice que se hizo pasar como cliente para despistar a los demás trabajadores. Estando solos trasladaron rápidamente los cinco colchones y los ubicaron sobre la parrilla de un auto estacionado cerca de la tienda para luego darse a la fuga.

La propietaria indignada confiesa haber apoyado al venezolano en todo, incluso le dio alojamiento en su casa por el periodo de un mes, por ello temerosa de una represalia, pide a la policía su pronta captura, así como el apoyo para recuperar sus pertenencias, ya que cada colchón estaría valorizado en 1700 soles.

En tanto, otro ciudadano venezolano aprovechaba su puesto de trabajo para delinquir. José Alejandro Marín Belisario (34) o también conocido como el ‘Dr. Chama’ vendía pastillas abortivas en una farmacia de Villa El Salvador.

Marín fue atrapado por una agente encubierta que se hizo pasar como embarazada. El jefe de la Depincri Villa El Salvador comentó que el detenido citaba a las gestantes en el cuarto que alquilaba y les colocaba el medicamento en sus partes íntimas y vía oral, además vendía cada pastilla a 16 soles y por colocarlas 70 soles.

El ‘Dr. Chamo’ será denunciado por el delito contra la salud pública y podrá afrontar una pena entre 4 a 8 años en prisión.