PJ y colegio de abogados enfrentados por desalojo

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Desalojo Palacio de justicia
Desalojo Palacio de justicia

Cal denuncia arbitrariedad mientras que pj asevera que desalojo del palacio de justicia es legal

Un grupo de letrados y agentes de la policía se enfrentaron en el exterior del Poder Judicial tras la intervención y desalojo del cuarto piso de la instalación que era ocupada por el Colegio de Abogados de Lima (CAL) durante al menos 70 años.

Durante la mañana de ayer, un fuerte contingente de policías irrumpió en el cuarto piso del Palacio de Justicia a fin de cumplir con la orden judicial de desalojar los 1,223.97 metros cuadrados que eran utilizados por el CAL. Sin embargo, los abogados se resistieron a ser retirados del inmueble.

Desalojo Palacio de justicia
Desalojo Palacio de justicia

En consecuencia se registró un enfrentamiento entre los agentes y los letrados, quienes aducían que se trataba de un abuso de autoridad en base a una medida arbitraria.
Horas después, se continúo con el retiro de gran cantidad de muebles y cajas que contenían diversos documentos. Empero, algunos profesionales continuaron apostados en el lugar, provistos de algunas pancartas en las que decía: “No al desalojo”. Mientras otro grupo de abogados continuaron en el interior impidiendo la acción policial.

Ante ello, el presidente del Poder Judicial, Durbelí Rodríguez, manifestó que el Colegio de Abogados de Lima no pagaba el alquiler, agua, desagüe y servicios de ascensor durante 70 años. “Nuestra institución gasta 13 millones de soles en mantener un espacio que le pertenece al Estado y el CAL es una entidad privada… ellos han ocupado indebidamente el cuarto piso del PJ”, añadió.

“Tengo entendido que ellos solo pagaban la cuenta de la luz. Nosotros notificamos el fin del convenio en el 2014. Esas áreas deben ser destinadas para el uso de capacitaciones de los magistrados supremos”, explicó el procurador de Poder Judicial, José Espinoza.

Sin embargo, el CAL defiende el derecho de su propiedad que según los mismos fue entregado en acto público por el Estado peruano en 1940, pero el Poder Judicial calificó dicha información como una “completa falsedad”, debido a que el Estado no puede vender ninguna propiedad.