Joseph Campos, el abogado defensor de la presidenta Dina Boluarte, ha expresado de manera contundente sus críticas hacia la investigación que se está llevando a cabo contra su clienta por las muertes ocurridas durante las protestas contra su gobierno. El letrado anunció que solicitará la exclusión de su clienta del caso, argumentando que la Fiscalía no podrá presentar pruebas de un supuesto ‘genocidio’ en el país.
SEÑALÓ QUE LOS ELEMENTOS QUE SE DEBEN CUMPLIR PARA QUE SEA INVESTIGADA, NO SE CUMPLEN EN SU CASO.
Según Campos, el genocidio requiere dos elementos esenciales: la ocurrencia de muertes y la voluntad de exterminar a un grupo específico. Él afirma que estas condiciones son totalmente improbables en el contexto del país. Además, señala que el homicidio calificado requiere ferocidad, crueldad e intención, elementos que tampoco se pueden atribuir a la mandataria.
“Lo primero que vamos a pedir es la exclusión de la investigación porque no existe posibilidad alguna de establecerse esas dos imputaciones. Podemos ser emocionalmente empáticos con la situación, pero no es posible atribuirle esos delitos a la presidenta. Jurídicamente no tiene sentido esta investigación”, señaló en diálogo con RPP.
Intento de golpe
El abogado enfatizó que “se ha tomado a la ligera” la imputación penal, reduciendo la historia a un simple caso de muertes en protestas. Para el abogado, la visión simplista de la investigación fiscal deja de lado la verdadera dimensión de las manifestaciones que, para su criterio, era la gesta de un golpe de Estado contra Boluarte.
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“Con poca responsabilidad se ha llevado a una imputación penal y a los que de alguna manera reducen la historia a este caso de muertos en protestas. Yo me resisto, no solo jurídicamente. He visto una violencia inusitada, permanente, con objetivos políticos que si uno le quita este romanticismo de protesta no se distingue a nivel de objetivos y uso de medios de un golpe de estado”, indicó.
Campos explicó que, para continuar con el caso contra Dina Boluarte, el Ministerio Público tendría que demostrar una instrucción expresa de la presidenta para tomar una decisión política con el propósito de matar a los manifestantes. Además, debería existir un jefe de la policía o de las Fuerzas Armadas que haya replicado dicha orden y haya dado instrucciones para asesinar.
