LA BANCADA DE RENOVACIÓN POPULAR PRESENTÓ UNA MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA
La bancada de Renovación Popular presentó una moción de orden del día en la que piden al Congreso que se conforme una comisión investigadora multipartidaria que investigue el acuerdo de colaboración eficaz entre la constructora Odebrecht y el Ministerio Público.
Tras haberse hecho público después que el Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada una demanda de habeas data y dispuso que la Fiscalía entregue una copia del Acuerdo de Beneficios y Colaboración Eficaz, suscrito en febrero del 2019, y del Acuerdo Complementario, celebrado en mayo de ese año, entre el Equipo Especial Lava Jato y la referida empresa brasilera, Renovación Popular indica que «a la luz de los graves cuestionamientos que se vienen evidenciando públicamente, respecto a los alcances del acuerdo […] amerita que el Parlamento nacional active un procedimiento de investigación a fin de garantizar el esclarecimiento de los hechos y la formulación de conclusiones y recomendaciones orientadas a corregir normas y políticas y/o sancionar la conducta de quienes resulten responsables, así como determinar y cuantificar el daño irrogado al Estado peruano«.
Por ello, solicitan «conformar una comisión investigadora multipartidaria, que se encargará de investigar todos los actos vinculados a la negociación, celebración, homologación y ejecución del acuerdo de colaboración eficaz suscrito entre el Estado peruano y la empresa [Odebrecht] y los efectos lesivos que dicho acuerdo haya generado en desmedro de los derechos e intereses del Estado peruano».
«El plazo de investigación será de 90 días hábiles, de acuerdo a las reglas contenidas en el artículo 88° del Reglamento del Congreso de la República», subrayaron.
En la moción presentada por Renovación Popular, se señala tres motivos que ameritarían la investigación de la comisión multipartidaria: los beneficios penales y civiles del acuerdo, la representación del Estado peruano en el proceso y que el país «habría sido perjudicado tras la celebración del acuerdo».
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La moción también señala que «se tiene evidenciado que el Ministerio Público, representado en un funcionario público de rango medio, y el Estado peruano, representado en el Procurador Público Ad Hoc, se comprometieron entre otros beneficios penales y civiles, en el extremo económico, a eximir a la empresa Odebrecht de los alcances de la Ley 30737 y su reglamento, esto es, a no aplicar el marco legal que regula y garantiza en forma eficiente y oportuna el pago de la reparación civil, así como a la devolución irregular de la suma de [S/ 30 millones] que, a la fecha de homologación del acuerdo, se encontraba judicialmente incautado y depositado en el Banco de la Nación».
