EL PLENO APROBÓ POR MAYORÍA EL DICTAMEN DE INSISTENCIA
El pleno del Congreso de la República aprobó por mayoría el dictamen de insistencia que restituye la figura de la detención preliminar judicial en casos de no flagrancia. Luego de un amplio debate, la representación nacional aprobó el dictamen de insistencia.
Fueron 86 votos a favor, 6 en contra y cero abstenciones de la iniciativa que propone restituir y modificar el literal a) del numeral 1 del artículo 261 del Nuevo Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957.
El presidente de Parlamento, Eduardo Salhuana, precisó que al tratarse de un dictamen de insistencia no se requiere de segunda votación.
Para aprobarla la iniciativa era necesario el voto favorable de más la mitad del número legal de congresistas de conformidad con el artículo 108 de la Constitución Política y el artículo 79 del de Reglamento de Congreso de la República.
La detención preliminar en casos de no flagrancia es una herramienta que permite a las autoridades judiciales ordenar la captura de personas sospechosas de haber cometido un delito, incluso si no fueron sorprendidas en el acto. Su eliminación ha generado preocupación en diversos sectores, incluyendo el Ministerio Público, que ha advertido que esta limitación afecta la capacidad de los fiscales para actuar de manera efectiva en investigaciones criminales.
Leer también [Nadine Heredia a un paso de prisión]
La Fiscalía de la Nación planteó la necesidad de restablecer la figura a fin de garantizar una respuesta efectiva frente a delitos graves y preservar la integridad de las personas afectadas. De acuerdo con el texto, la eliminación de la detención preliminar ha generado un vacío en el sistema de justicia penal.
“La eliminación de esta medida, en casos de no flagrancia, impide a los fiscales solicitar la detención de presuntos autores de delitos graves como: violación sexual, asesinato, robo, sicariato, extorsión, actos de corrupción, entre otros; facilitando que estos eludan la justicia, lo que afecta la protección de las víctimas y testigos. Además, dificulta el combate efectivo contra la criminalidad, ya que pone en riesgo las pruebas en perjuicio de la sociedad”, plantearon.
