El pleno del Congreso aprobó el proyecto de resolución legislativa que recomienda acusar constitucionalmente al expresidente Pedro Castillo por la presunta comisión de delitos de organización criminal agravada, tráfico de influencias agravado y colusión.
EL PARLAMENTO APROBÓ EL INFORME FINAL QUE RECOMIENDA ACUSARLO CONSTITUCIONALMENTE A ÉL Y DOS DE SUS EXMINISTROS
Previo a este proceso se decidió que se votaría de forma separada por cada una de las conclusiones del informe final aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
La votación de la representación nacional fue de 59 votos a favor, 23 en contra y tres abstenciones.
En tal sentido, se determina haber lugar a la formación de causa penal contra Castillo Terrones en su condición de expresidente, por la presunta de la comisión de los delitos contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal agravada.
Asimismo, por la presunta comisión del delito contra la administración pública cometido por funcionarios en la modalidad de tráfico de influencias agravado; y presunto cómplice del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión.
Además, se dispuso que el expediente sea enviado a la fiscal de la Nación para que proceda conforme a sus atribuciones.
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Exministros también
De otro lado, con 87 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, se aprobó la conclusión respecto a la acusación constitucional contra el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas.
En el caso del exministro, se trata de los presuntos delitos contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal y colusión.
En tanto que por 80 votos a favor, cero en contra y una abstención, el pleno aprobó acusar constitucionalmente a Geiner Alvarado López, en su condición de exministro de Vivienda.
Para el caso de Alvarado López se le acusa por la presunta comisión de delitos contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal en agravio del Estado.
Los expedientes de ambos exministros serán enviados a la fiscal de la Nación para que proceda conforme a sus atribuciones.