El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder Judicial ha solicitado al Poder Judicial que se emita una orden de prisión preventiva contra la empresaria Sada Goray y el periodista Mauricio Fernandini, quienes están siendo investigados por presuntos sobornos al exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo. Ambos están acusados de los delitos de organización criminal y colusión agravada.
EL PERIODISTA Y LA EMPRESARIA SON INVESTIGADOS POR PRESUNTOS SOBORNOS AL EXJEFE DEL GABINETE DE ASESORES DEL MVCS
La solicitud de prisión preventiva presentada por el Ministerio Público es por un plazo de 36 meses, según informó la Corte Superior de Justicia Penal Especializada. También se incluye en el requerimiento a Pedro Arroyo Marquina y Roger Gavidia Johanson, exdirectores del Fondo MiVivienda, y a Luis Mesones Odar, exasesor de Arroyo.
Los tres exfuncionarios fueron nombrados en sus cargos a pedido de Sada Goray, con el objetivo de favorecer a Marka Group en proyectos inmobiliarios. A cambio, la empresaria habría entregado sobornos millonarios a Marrufo Alcántara, quien admitió como colaborador eficaz que parte del dinero fue entregado al exministro Geiner Alvarado y al expresidente Pedro Castillo.
Con el formalizado pedido de prisión preventiva, Sada Goray y Mauricio Fernandini deberán permanecer detenidos hasta que el juez Raúl Wensislao Justiniano Romero, del Octavo Juzgado de la Investigación Preparatoria, resuelva la solicitud presentada por el Equipo Especial de la Fiscalía.
Para que se dicte prisión preventiva, se deben cumplir tres requisitos: existencia de graves y fundados elementos de convicción, prognosis de una pena superior a cuatro años y peligro procesal.
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En el caso de Goray y Fernandini, se les imputan delitos con penas de entre 15 y 20 años de prisión, cumpliendo así con la prognosis. Respecto a los elementos de convicción y el peligro procesal, expertos legales consideran que existen suficientes pruebas para demostrar su vinculación con la trama de corrupción en el Ministerio de Vivienda.
En cuanto al peligro de fuga, se ha mencionado que Goray ha intentado obtener una segunda nacionalidad en República Dominicana y una residencia fiscal en Uruguay, lo que podría ser interpretado como un intento de evadir la justicia. Por su parte, Fernandini ha presentado un arraigo laboral inexistente y la tramitación de su visa podría ser considerada como un posible intento de fuga.
La decisión final sobre la orden de prisión preventiva recaerá en el juez a cargo, quien deberá evaluar los elementos presentados por la Fiscalía y tomar una determinación en base a la ley.
