Fiscalía en guerra con el Congreso

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CALIFICA COMO INCONSTITUCIONAL DICTAMEN QUE FACULTA A LA POLICÍA ESTAR A CARGO DE INVESTIGACIÓN PRELIMINAR DE DELITOS

La Fiscalía de la Nación calificó de “inconstitucional” el dictamen aprobado por el Congreso que propone modificar el Código Procesal Penal para facultar a la Policía Nacional del Perú (PNP) a estar a cargo de la investigación preliminar de los delitos.

A través de un comunicado difundido ayer por la red social X, se pronunció sobre el dictamen fue aprobado por el Pleno del Parlamento con 72 votos a favor, 29 votos en contra y 4 abstenciones, con lo que deberá ser sometido a una segunda votación transcurridos siete días calendario, de acuerdo con el Reglamento del Congreso.

La Fiscalía subrayó que dicha propuesta del Congreso viola “flagrantemente el inciso 4 del artículo 159 de la Constitución (…), que establece como atribución del Ministerio Público la conducción de la investigación del delito desde su inicio, y la obligación de la PNP de cumplir los mandatos” de dicha entidad en el ámbito de esa función.

Además, el Ministerio Público exhortó al Congreso “mayor reflexión en el proceso legislativo y especial ponderación en la decisión del Tribunal Constitucional con la finalidad de construir un mejor clima de institucionalidad, separación de poderes y orden democrático”.

 

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Cabe señalar que las competencias constitucionales del Ministerio Público en la investigación penal ha sido expresamente respaldada recientemente por el máximo intérprete de la Constitución (…) donde se ratifica el carácter constitucional de la conducción de la investigación, desde su inicio, por el Ministerio Público“, resaltó.

Asimismo dio a conocer que el referido dictamen será “motivo de análisis y evaluación institucional por la Junta de Fiscales Supremos en la próxima sesión para los fines que corresponda”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Legislativo, Isaac Mita (Perú Libre), sostuvo que las modificaciones que propone la fórmula legal “están orientadas al fortalecimiento del debido proceso y las garantías procesales, así como la protección de los derechos fundamentales de las partes procesales”.