Fiscalía investiga a alcalde de San Miguel

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Fiscalía investiga a alcalde de San Miguel
Fiscalía investiga a alcalde de San Miguel

Acusan a Eduardo Bless de favorecer indebidamente a Universidad Católica.

El alcalde del distrito de San Miguel, Eduardo Bless, es investigado por el Ministerio Público por el presunto delito de abuso de autoridad y falsedad genérica.

La Fiscalía Penal Corporativa de Magdalena del Mar, San Miguel y Pueblo Libre, inició una investigación preliminar por 60 días en contra del burgomaestre.

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Bless fue denunciado por los presuntos delitos de abuso de autoridad y falsedad genérica a favor de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Según la Disposición 1, firmada por la fiscal Carmen Zárate Foppiani, en el caso se incluye como imputados a los funcionarios ediles Eduardo Román (gerente municipal), Katty Verástegui (Administración Documentaria), Carlos Tineo (Seguridad Ciudadana), Julio Alvitez (subgerente de Defensa Civil), Fernando Castillo y Enrique Coveñas.

El problema para Bless empezó por una disputa entre la empresa Heltex y la PUCP. La primera le alquilaba un espacio a la segunda en el Centro Comercial Plaza San Miguel desde 2017. La administración del emporio luego fue delegada a Mall Service SAC, y durante la pandemia del Covid-19, se dejó de pagar el arrendamiento, debido a la cuarentena ordenada por el Gobierno.

Si bien este hecho es materia de un arbitraje en la Cámara de Comercio de Lima, la gestión de Bless habría tomado partido por la universidad, al poner diferentes trabas para la renovación de licencia de inspección técnica de seguridad en edificaciones (ITSE).

La fiscal Zárate Foppiani recibió documentos de cómo la Municipalidad de San Miguel exigía a Heltex requisitos que no figuran en su texto único de procedimientos administrativos (TUPA). Estos eran autorización del centro comercial para hacer trámites, y presentar todo documento en forma virtual.

Además, los funcionarios ediles colocaron macetas en la puerta del local, y luego indicaron que habían acudido a inspeccionar el 27 y el 28 de febrero. Esto último era falso, ya que en los horarios laborales había empleados en la tienda, y no se notificó previamente, como es el procedimiento regular.

Por ello, el Ministerio Público considera que hay elementos para abrir investigación por indicios de abuso de autoridad y falsedad genérica.