Fiscalía pide 36 meses de prisión preventiva contra Pedro Castillo

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El expresidente Pedro Castillo Terrones y los exministros Juan Silva Villegas y Geiner Alvarado López podrían afrontar 36 meses de prisión preventi
El expresidente Pedro Castillo Terrones y los exministros Juan Silva Villegas y Geiner Alvarado López podrían afrontar 36 meses de prisión preventi

El expresidente Pedro Castillo Terrones y los exministros Juan Silva Villegas (Transporte y Comunicaciones) y Geiner Alvarado López (Vivienda, Construcción y Saneamiento) podrían afrontar 36 meses de prisión preventiva. Y es que, así lo solicitó la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

SOLICITUD ALCANZA A JUAN SILVA Y GEINER ALVARADO, TODOS INVESTIGADOS POR DELITOS DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL

El requerimiento del Ministerio Público responde a la investigación que se le sigue al exmandatario Castillo y los exministros Silva y Alvarado por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Ello, luego de que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, formalizara las pesquisas en contra de los exfuncionarios.

Cabe recordar que Castillo Terrones se encuentra actualmente cumpliendo 18 meses de prisión preventiva impuesto por el Poder Judicial en el marco de las investigaciones por el presunto delito de rebelión. Mientras tanto, Silva Villegas está en condición de prófugo de la justicia desde el año pasado.

Poder Judicial desestimó habeas corpus solicitado por Pedro Castillo

El Sexto Juzgado Constitucional de la Corte de Lima rechazó la solicitud de habeas corpus presentada por la Federación Nacional de Abogados del Perú en favor del expresidente Pedro Castillo y del ex titular de la Presidencia del Consejo de Ministros Aníbal Torres.

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El fondo detrás de este recurso es que se declare nula la resolución mediante la cual se hizo efectiva la prisión preventiva contra el exmandatario. De haber sido aceptada, tendría que haberse dispuesto su libertad.

Otro de los pedidos era la restitución de su condición de presidente de la República y, además, se anulen todas las resoluciones judiciales, administrativas, legislativas que se opongan a esta decisión. Ello implicaría la salida del cargo de la actual jefa de Estado, Dina Boluarte.