El abogado de Alberto Fujimori, Elio Riera, negó que la congresista de Fuerza Popular (FP), María Cordero Jon Tay, se encargue de pagar los gastos médicos del expresidente de la República.
ABOGADO DE ALBERTO FUJIMORI LAMENTÓ QUE ALGUNOS CONGRESISTAS DE FUERZA POPULAR SE ATRIBUYAN ALGO QUE NO ES CIERTO.
La defensa legal del exmandatario se pronunció luego que se difundieron unos audios atribuidos a la legisladora Cordero Jon Tay, donde intentaría justificar el recorte de sueldo a uno de sus trabajadores del Congreso manifestando que ella tenía “gastos” por los traslados y medicinas del exjefe de Estado.
El abogado penalista precisó que, por el deterioro de la salud del exmandatario, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) es el encargado de realizar los traslados desde el penal de Barbadillo hasta la clínica.
“El traslado lo realiza el propio INPE. No entiendo bien finalmente y por qué se menciona de esa forma al señor expresidente, que es una persona ya adulta, mayor, con muchas comorbilidades”, declaró en Exitosa.
En esa línea, rechazó la versión que se está difundiendo en dichas grabaciones porque “no se ajusta completamente” a la verdad de los hechos.
“(Las medicinas) son derechos de salud que tienen los propios internos, evidentemente no son costeados por la congresista […] El señor tiene su seguro, entonces eso de señalar que ‘yo estoy realizando un pago por una medicina’, no es correcto. El señor tiene su seguro como tal y los traslados que se realizan, porque (en los audios) hacen referencia a los traslados, son realizados por el INPE”, detalló.
Como se sabe, un programa dominical reveló audios que respaldarían la acusación contra María Cordero, señalada de haberle recortado hasta el 75% del sueldo a un trabajador de su despacho.
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“Ya te depositaron ya, vamos al cajero de una vez”, se oye en una de las conversaciones grabadas que expuso el programa ‘Punto Final’.
Según evidenció el reportaje, la legisladora también obligaba a que sus trabajadores cubran los gastos de los viajes que hacía a Tumbes durante las semanas de representación del Parlamento. Uno de los argumentos de la congresista, para exigir el dinero, sería porque presuntamente tenía que devolver los favores recibidos durante la campaña electoral.