Los latinos y afroamericanos se encuentran entre los más beneficiados por la ley del borrón y cuenta nueva del Estado, que sella el pasado criminal cuando ya se ha cumplido con la Justicia.
Desde hace unos días, Nueva York es uno de los 12 estados del país en los que el derecho a una segunda oportunidad va más allá de un simple eslogan. La ley Clean Slate, aprobada el año pasado y que puede traducirse como ‘borrón y cuenta nueva’ o ‘comenzar de cero’, acaba de entrar en vigor. Esta legislación obliga a sellar los delitos del historial de una persona (como si se archivaran) una vez que haya cumplido con su condena o haya pasado por prisión. Aunque el sellado no borra el historial, evita que el pasado criminal salga a la luz al momento de evaluar la idoneidad de una persona para alquilar una vivienda (el 94% de los caseros verifica estos datos), acceder a educación u optar a una amplia gama de empleos.
El hecho de que no se arrastren indefinidamente las consecuencias de las acciones cometidas en el peor momento de una vida no solo representa un alivio para los individuos y sus familias, sino que también se considera una medida que beneficiará la economía del Estado. Según la organización que promueve esta iniciativa a nivel nacional, The Clean Slate Initiative (CSI), la exclusión laboral de las personas con historial delictivo cuesta al país 87.000 millones de dólares en pérdidas al Producto Interno Bruto (PIB). Con la entrada en vigor de CSI, se estima que la contribución positiva al Estado será de 12.600 millones de dólares.
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Sin embargo, no podrán optar a esta medida aquellos que trabajen en áreas específicas, como policías, agentes del orden público, personal de justicia o quienes estén encargados de la verificación de datos para licencias de armas. El Departamento de Vehículos de Motor (DMV, por sus siglas en inglés) también tendrá acceso al historial delictivo en casos relacionados con infracciones vinculadas al manejo de un automóvil.
En ciertos trabajos que involucren a poblaciones vulnerables, como menores de edad, personas mayores o con discapacidades, los empleadores podrán levantar el sellado. Lo mismo podrán hacer las empresas de transporte, como Uber y Lyft, cuando el estado exija o autorice el acceso a la información criminal.
