Nuevos detalles se dan a conocer sobre los beneficios que habría tenido la empresaria Sada Goray durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo, quien cumple prisión preventiva por el fallido autogolpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.
EXMANDATARIO BENEFICIÓ A EMPRESAS DE SADA GORAY, A PESAR DE SABER QUE NO TENÍAN LA EXPERIENCIA REQUERIDA.
Según un medio local, tres compañías ligadas a Marka Group pudieron participar de fideicomisos del Fondo Mi Vivienda, adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a pesar de que no contaban con la experiencia necesaria: apenas tenía un año y meses de creación.
La relación entre las empresas de Goray y el Fondo Mi Vivienda habría comenzado a inicios del 2021 cuando se estaba en plena campaña electoral. En esa época, ella le planteó al programa de la cartera de Vivienda que podría haber un convenio con el fin de otorgar créditos hipotecarios para “viviendas de interés social”.
Sin embargo, el Fondo Mi Vivienda le mencionó el 15 de febrero a Goray una serie de requisitos que debía cumplir: tener tres años de experiencia en la concesión y administración de créditos, así como un staff especializado de colaboradores con cinco años en dicha labor.
Recién en septiembre del 2021, ya bajo la gestión de Castillo Terrones, es que se firmó un convenio con el Fondo Mi Vivienda. Y esto se habría ejecutado tras los primeros sobornos entregados a Salatiel Marrufo, entonces jefe del gabinete de asesores de Geiner Alvarado.
De esta forma, el holding de Sada Goray pudo promover proyectos como Chiclayo Bonito (Inmobiliaria Nuevo Chiclayo), Lima Bonita (Markagroup Sur) y Barranca Bonita (Nuevo San Bartolo).
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En el 2022 siguieron con el proyecto Piura Bonita, cuya promotora es Desarrollo Inmobiliario Nuevo Piura.
Según la Procuradoría Anticorrupción, entre octubre del 2021 y marzo del 2022 hubo un desembolso de S/ 148′205.317 para que los proyectos en los que estaban las empresas ligadas a Sada Goray.
Aproximadamente, de la cifra antes mencionada, al menos S/24′005.385 fueron a las “empresas subsidiarias consideradas irregularmente promotores inmobiliarios” de Fondo Mi Vivienda.
