“Lo que no puede hacer la Corte IDH es ordenarle al Poder Judicial que intervenga en impedir que se promulgue una ley”
“Lo que no puede hacer la Corte IDH es ordenarle al Poder Judicial que intervenga en impedir que se promulgue una ley”. Así Javier Arévalo, presidente del Poder Judicial del Perú, se refirió al pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre la cuestionada norma que limita la prescripción de los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002, la cual fue aprobada en Comisión Permanente del Congreso. Ello, pese al rechazo por parte de distintos organismos internacionales.
Dicha iniciativa, impulsada por Fuerza Popular, establece que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad solo entrarían en vigor en el Perú a partir del 2002, excluyendo y favoreciendo a personajes como Alberto Fujimori.
Arévalo enfatizó que, en caso sea promulgada, no se pierde la independencia de los jueces en la aplicación de dicha norma. “Cada juez tiene la autonomía de decidir su aplicación en cada caso”; sobre todo al considerar que “el presidente del Poder Judicial no es jefe de los jueces”, así que “no les puede decir a los jueces hagan esto o lo otro, porque ellos son independientes, resuelven como consideran pertinente, y también responden por sus decisiones”.
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“Si un juez considera que esa ley atenta contra la Constitución, contra los convenios internacionales, hará uso del control difuso y no la aplicará y por eso no merece una sanción. Igual, si un juez considera que esa ley es correcta, cumple con los estándares constitucionales y legales, la aplicará y tampoco tienen por qué hacerlo responsable. La segunda opción es que los interesados acudan al Tribunal Constitucional impugnando la constitucionalidad de esta ley”, indicó.
La Corte IDH emitió una resolución el 1 de julio de 2024 en la que solicitó al Estado peruano “que a través de sus tres Poderes tome las acciones necesarias para que no se adopten, se dejen sin efecto o no se otorgue vigencia” a la referida propuesta legislativa, “a fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de esos casos”.
