AUDITORÍA CONFIRMA FRAUDE EN CERTIFICADOS DE TRABAJO DE JORGE TORRES E ISABEL CAJO
Una auditoría hecha por la Contraloría General de la República, revela que Jorge Torres Saravia e Isabel Cajo, dos de los implicados en una presunta red de prostitución, presentaron documentos falsos para ingresar a trabajar al Congreso de la República.
Jorge Torres Saravia llegó al Congreso en 2021 de la mano de Alianza para el Progreso (APP), respaldado por Luis Valdez, una de las figuras más influyentes del partido y actual secretario general de la organización. Durante la gestión de Alejandro Soto en la presidencia del Parlamento, fue designado jefe de la Oficina Legal, cargo que desempeñó desde el 22 de agosto de 2023 hasta el 14 de febrero de 2024. Posteriormente, retomó el puesto el 13 de mayo de este año, con funciones hasta el 12 de diciembre de 2024.
Fernando Rosales Cirilo, auditor de la Contraloría General de la República, fue quien revisó los documentos y reportó las irregularidades halladas al actual presidente del Congreso, Eduardo Salhuana.
Entre los documentos revisados, encontró un certificado de trabajo presuntamente emitido por la compañía minera Catequil, fechado el 3 de noviembre de 2010 y firmado por su entonces gerente general, Francisco Roldán Arteaga. Según lo que indica el ‘certificado de trabajo’, Torres Saravia prestó “sus servicios como asesor legal externo en temas civiles y laboral, encargado de la conciliación dentro y fuera de nuestra empresa minera Catequil, desde el 1 de agosto de 2006 hasta el 1 de febrero de 2007″.
Sin embargo, Roldán envió una carta al auditor de la Contraloría en la que desmintió la autenticidad de la firma y declaró, que por lo menos, mientras él fue representante legal de la empresa, Torres Saravia no tuvo ningún vínculo laboral.
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En el caso de Isabel Cajo, se registró una situación similar. Una auditoría ha revelado que los certificados de trabajo y de prácticas que presentó son fraudulentos, lo que agrava las irregularidades en su nombramiento.
Tanto Jorge Torres como Isabel Cajo habrían incurrido en el delito contra la fe pública en la modalidad de falsificación de documentos, lo que amerita una respuesta jurídica inmediata por parte del Legislativo.
