El informe elaborado por Human Rights Watch sobre las protestas sociales entre diciembre del 2022 y febrero de este año sigue generando reacciones en los políticos peruanos. En el documento, al que Infobae tuvo acceso, se menciona que existió un uso desproporcionado de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional contra los manifestantes.
PRESIDENTE DEL CONGRESO, JOSÉ WILLIAMS, SEÑALÓ QUE INFORME NO ES VINCULANTE.
Más de 50 personas perdieron la vida durante los enfrentamientos con las fuerzas del orden por exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y la disolución del Congreso. “Es probable que estas muertes constituyan ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, por las cuales el Estado es responsable”, dice HRW sobre esta situación en su informe.
Sobre esta conclusión, el presidente del Congreso, José Williams, fue consultado al respecto por los medios de comunicación. Al igual que la presidenta Boluarte, trató de minimizar el documento desarrollado por la ONG.
“El informe de HRW no es vinculante, es un informe de una organización que vela por los derechos humanos. Se le ha hecho llegar al Perú, el Estado la ha recibido y conforme a eso tiene que tomar las medidas que crea conveniente”, aseguró Williams Zapata.
De otro lado, el titular del Parlamento también desestimó las recomendaciones que Human Rights Watch brindó para acelerar con las investigaciones y dar con los responsables de la represión policial y militar.
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“Vi dentro de las medidas que debe hacerse una comisión mixta para que apoye o haga el trabajo junto con el Ministerio Público, eso yo no lo tengo muy claro, porque el Ministerio Público tiene la suficiente capacidad y calidad para solucionar nuestros propios problemas”, anotó Williams.
En concreto, HRW planteó la creación de una comisión independiente de expertos internacionales que tenga acceso a información gubernamental y los expedientes del caso para apoyar las investigaciones en curso de la Fiscalía.