Surco, Lurigancho-Chosica y Punta Negra se ubican en los primeros lugares
La capacidad de una municipalidad distrital para transformar su presupuesto en obras, servicios y mejoras tangibles es uno de los principales indicadores de su éxito. En Lima Metropolitana, la reciente actualización del portal de transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha expuesto, una vez más, una marcada distancia entre los municipios que avanzan con ritmo sostenido y aquellos que mantienen cifras críticas de ejecución, pese a contar con recursos asignados.
En el grupo de gobiernos locales con mejor desempeño destacan cinco municipalidades que han logrado superar el 85% de ejecución anual, un porcentaje que en la práctica se traduce en continuidad operativa, planificación efectiva y capacidad técnica instalada. Santiago de Surco del alcalde ‘Techito’ Bruce, con 93.7%, se posiciona como el distrito con mayor nivel de ejecución, evidenciando una gestión que ha logrado mantener una dinámica administrativa constante. Le sigue Lurigancho-Chosica, con 92.4%, cuyo avance resulta significativo considerando los retos de infraestructura que arrastra esta jurisdicción, especialmente tras eventos climáticos recurrentes. En tercer lugar se ubica Punta Negra, con 90.9%, distrito pequeño pero que ha demostrado eficiencia para traducir su presupuesto en intervenciones concretas. Más atrás, Villa María del Triunfo y Puente Piedra alcanzan 86.3% y 85.2%, respectivamente, consolidando un desempeño que se refleja en mejoras visibles en materia de seguridad ciudadana, limpieza pública, mantenimiento de áreas verdes y proyectos de embellecimiento urbano.
Según especialistas consultados para análisis similares, este nivel de ejecución no solo depende de la disponibilidad presupuestal, sino de la capacidad de las municipalidades para formular proyectos, registrar avances, acelerar procesos de contratación y evitar trabas administrativas. La solidez de los equipos técnicos, sumada a una gestión política que da continuidad a los proyectos, suele ser la combinación que permite alcanzar estos resultados. Vecinos de estos distritos reportan mejoras en el patrullaje preventivo, incremento de espacios recuperados y mayor frecuencia en la limpieza de calles, servicios que requieren tanto presupuesto como capacidad para utilizarlo adecuadamente.
Sin embargo, el escenario cambia drásticamente en el sector de menor ejecución, donde cuatro municipalidades muestran cifras que encienden alarmas. Punta Hermosa, con apenas 17.6%, se ubica en el último lugar y evidencia una inactividad que preocupa a sus residentes, especialmente en un distrito que crece aceleradamente durante la temporada de verano. Le siguen San Bartolo, con 37.1%, y Pucusana, con 37.8%, ambos distritos costeros que enfrentan problemas históricos de gestión y que, según vecinos, mantienen obras paralizadas y servicios básicos con deficiencias. El Rímac, uno de los distritos con más patrimonio histórico del país, alcanza solo 39.2%, cifra que refleja una administración debilitada y con dificultades para ejecutar intervenciones urgentes en seguridad, limpieza y recuperación de espacios públicos.
Las causas de estas cifras tan bajas suelen repetir un patrón preocupante, y es la ineficiencia administrativa, rotación constante de funcionarios, falta de capacidad técnica para formular proyectos, procesos de contratación truncos e incluso denuncias de corrupción. Estas limitaciones no solo impiden que los recursos se conviertan en obras, sino que generan un efecto dominó: servicios deficientes, deterioro urbano y creciente malestar vecinal. En varios de estos distritos, la percepción ciudadana es crítica y califica la gestión como incapaz o negligente, alimentando un clima de desconfianza hacia las autoridades.
El contraste entre ambos extremos revela una Lima profundamente fragmentada en su desarrollo. Mientras algunos distritos avanzan con claridad y resultados, otros parecen estancados en una burocracia que impide cualquier mejora significativa. La ejecución del gasto, más allá de ser un indicador técnico, se ha convertido en un termómetro de la calidad de la gestión local y, en muchos casos, en la medida más directa para evaluar si una municipalidad está respondiendo a las necesidades de su población.
De cara al cierre del año fiscal, el desafío para las municipalidades rezagadas es enorme porque tienen corregir procesos, estabilizar equipos técnicos y recuperar el tiempo perdido para evitar que el presupuesto retorne al Estado sin haber cumplido su función. Para los ciudadanos, en cambio, el mensaje es claro, que una gestión eficiente no se mide por discursos ni anuncios, sino por su capacidad real de ejecutar y transformar recursos en beneficios concretos para la comunidad.
