Busca evitar que fiscal de la Nación lo investigue

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Pedro Castillo
Pedro Castillo

Luego de que se hiciera noticia que el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez decidiera investigar al presidente Pedro Castillo, por el caso de la supuesta organización criminal denunciada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), según fuentes de Palacio, desde el Ejecutivo se estaría buscando ‘saltarse’ estas pesquisas para que no ‘toquen’ al jefe de Estado.

PEDRO CASTILLO SE CORRE DE DE DENUNCIA DE LOS DELITOS DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL, TRÁFICO DE INFLUENCIAS Y COLUSIÓN AGRAVADA.

La decisión de investigar al presidente fue a raíz de la declaración de un nuevo colaborador eficaz que, sumada a la de Karelim López, para Pablo Sánchez, ya habría los elementos suficientes para incluir al presidente. En ese sentido, Sánchez dispuso que al mandatario se le investigue por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.

De acuerdo a la tesis fiscal, también se le sigue investigación a Zamir Villaverde, funcionarios de Provías Descentralizado y a los sobrinos del presidente, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo.

Como se sabe, cuando era fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, decidió abrir investigación preliminar contra Pedro Castillo por los casos PetroPerú y , sin embargo, luego de una oportuna visita del mandatario, la jefa del Ministerio Público, decidió que las pesquisas se realicen en julio del 2026, cuando deje el cargo.

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Usa la Constitución

Cabe mencionar que, desde Palacio de Gobierno temen a que aparezcan más declaraciones de colaboradores eficaces en contra de Castillo, por lo que estarían analizando alguna argucia legal para evitar que la investigación continúe.

Asimismo, el artículo 117 de la  Constitución señala que el jefe de Estado solo puede ser investigado, mas no acusado, mientras ejerza como la primera autoridad del país.

No obstante, según dicta la Carta Magna, solo durante su mandato, el presidente puede ser acusado por traición a la patria, impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso fuera del marco constitucional e impedir su reunión o funcionamiento.