Buscan corregir nuevo sistema previsional

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Congresista Luna propone restituir opción de retiro del 95.5% de fondos y reducir edad de jubilación anticipada a 50 años

En respuesta a la promulgación de la Ley 32123, que reforma el Sistema Previsional Peruano, el congresista José Luna, de Podemos Perú, presentará dos proyectos de ley para corregir lo que considera aspectos perjudiciales para los trabajadores.

El primer proyecto busca restituir la opción de retiro del fondo de pensiones al momento de tramitar la jubilación, una posibilidad que fue eliminada con la reciente ley. El segundo pretende reducir la edad de jubilación anticipada a 50 años, en lugar de los 55 que actualmente establece la norma.

Luna sostiene que esta reforma condena a los trabajadores más jóvenes a recibir una pensión insuficiente, mientras que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y los bancos son los principales beneficiados.

En ese sentido, el congresista recalca que la opción de retirar hasta el 95.5% de los fondos acumulados al jubilarse es un derecho que no debe ser vulnerado. “Desde el 2016, más de 530 mil afiliados se han beneficiado con esta opción. La nueva ley es lesiva y perjudica principalmente a los menores de 40 años, quienes ahora no podrán acceder a esos fondos”, destacó Luna.

El segundo proyecto, que propone reducir la edad para la jubilación anticipada a 50 años, busca dar mayor flexibilidad a los trabajadores que deseen retirarse antes, siempre y cuando hayan acumulado un fondo suficiente.

Según Luna, esta medida respondería a las necesidades de quienes, por diversas circunstancias, requieren acceder a su pensión en una etapa más temprana de su vida.

La promulgación de la Ley 32123 ha sido fuertemente criticada tanto dentro como fuera del Congreso. Luna ha sido uno de sus más acérrimos opositores, señalando que la norma no solo afecta los derechos de los trabajadores, sino que discrimina a los nuevos afiliados al sistema privado de pensiones.

Además, ha advertido que obligar a los trabajadores independientes a aportar entre el 2% y el 5% de sus ingresos podría desincentivar la formalización laboral y perjudicar a los más vulnerables.