Los familiares propios o de sus compañeros de celda se convirtieron en un eslabón determinante para que muchos de los jefes narcos detenidos en penitenciarios federales continúen desplegando su poder en el territorio. El crecimiento del crimen organizado desde las unidades carcelarias que dependen del Servicio Penitenciario Federal (SPF), suma otro preocupante condimento para las autoridades judiciales: extorsiones y amenazas a familiares otros detenidos.
REVELAN COMO LOS NARCOS OBLIGAN A FAMILIARES DE DETENIDOS A COMETER DELITOS AFUERA
Las rejas no son un impedimento para que los jefes de organizaciones dedicadas al narcotráfico vean impedidas la continuidad del negocio. Tampoco lo son las condenas dictadas por diferentes jueces federales. Hace cuatro meses, la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) a cargo del fiscal Diego Iglesias, realizó un crudo informe en el que expuso la problemática y recomendó medidas urgentes para coagularla. Hasta ahora, el trabajo fue ignorado por el Gobierno.
“Se advirtió que las organizaciones se sirven de contactos del exterior, que en la mayoría de los casos conforman un entramado delictivo, que instrumentan las acciones ordenadas por los líderes que se encuentran detenidos (condenados en casi todos los casos) y, pese a ello, continúan interviniendo en complejas maniobras de narcocriminalidad“, sostiene el documento oficial.
Para que estas tareas puedan concretarse, indicó la PROCUNAR, “se sirven fundamentalmente de dispositivos de telefonía celular que los mantiene en contacto con quienes se encargan de ejecutar las acciones”.
La situación expuso algo evidente: no importa que ellos como líderes de las organizaciones estén detenidos, tienen en el territorio “personas que siguen operando y respondiendo a sus órdenes“, indicaron fuentes judiciales.
Los narcos presos desarrollaron otro método que fue investigado y observado por la Procuraduría, y tiene que ver con los familiares de los detenidos. En primer término aquellos que voluntariamente acceden a realizar ciertas acciones “generando que dentro de las unidades carcelarias se sigan cometiendo delitos” que finalmente, tienen un único fin: darle continuidad al negocio del narcotráfico.
Algunos ejemplos: Marco Antonio Estada González “continuó liderando la organización dedicada a la distribución y comercialización de drogas y acopio de armas de fuego, desde el Complejo Penitenciario Federal II, en el que se encontraba detenido“. Se comprobó -sostiene el informe- “que esta persona, a través de familiares, mantuvo activa una cadena de mando para transmitir directivas y continuar con las actividades delictivas de la estructura ilícita de la organización”.
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No fue el único caso. Detenido en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, Mario Segovia, conocido como “el rey de la efedrina”, “continuó impartiendo directivas a los demás integrantes de la organización y brindando los recursos necesarios para perpetuar las actividades de tráfico ilícito y mantener la estructura que lideraba”.
Esas órdenes eran transmitidas “de manera personal durante las visitas que recibía, o bien a través de comunicaciones telefónicas mediante aparatos de telefonía celular ingresados irregularmente a su unidad de detención y también mediante cartas manuscritas con un sistema de codificación, entregadas a familiares o subordinados mediante medios postales o entregadas personalmente durante las visitas en la unidad“.
Pero según los investigadores, a los líderes narcos no les bastó la utilización de las visitas que recibían y valerse de sus propios familiares, y dieron un paso más allá: a través de “amenazas y extorsiones a familiares de otros presos que cumplen pena por otros delitos, buscaron que se realicen tareas fuera de la prisión”, señalaron fuentes del caso.
Este punto que preocupa a los fiscales especializados en narcotráfico, también fue volcado en el informe que se remitió el 18 de octubre del año pasado a la interventora del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós de Rébori.
“Se advirtió la presencia de personas en el exterior de las cárceles, que fueron parte o contribuyeron las actividades ilícitas, al cumplir con las directivas impartidas por los eslabones superiores de la organización, que se encontraban privados de la libertad“, sostiene el documento que la Procuración General de la Nación elevó al Ministerio de Justicia.
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Al profundizar en estos mecanismos, fuentes judiciales explicaron que las órdenes también “incluían a familiares de otros presos bajo la amenaza de poner en riesgo la integridad de quien se encuentra en prisión”.
También hubo otro tipo de amenazas. Carlos Bareiro lideraba una compleja asociación ilícita –integrada por más de 50 personas– dedicada al comercio de estupefacientes, agravada por la participación de menores de edad y por la intervención de funcionarios públicos.
La PROCUNAR expuso que desde su lugar de detención “diversos testigos, a quienes se les brindó protección mediante la reserva de identidad, manifestaron haber sido amenazados por la organización para no declarar durante el juicio en contra de Bareiro”.
Los mecanismos bajo investigación y advertidos a las autoridades del SPF para que implementen mayores controles no dejan exento al personal penitenciario. “Están quienes también reciben amenazadas y bajo esa coacción son llevados a delinquir“, indicaron autoridades judiciales.
A la compleja situación, se debe sumar otro aspecto señalado por la PROCUNAR “en algunos casos, no puede dejar de suponerse una posible connivencia de parte de los agentes del servicio penitenciario, tanto para facilitar, como para permitir el ingreso de dispositivos de telefonía celular a los establecimientos penitenciarios. Al respecto, en uno de los casos analizados se investigó la conformación de una organización integrada por personal penitenciario que habría provisto a los internos de teléfonos celulares”.
