Una investigación periodística ha expuesto que el presidente del Congreso, Alejandro Soto (de la bancada Alianza Para el Progreso), aparentemente, tenía conocimiento del chat grupal creado por los miembros de su equipo de trabajo con el propósito de mejorar su imagen política y, simultáneamente, difamar a otros legisladores de la región del Cusco en las redes sociales.
PRESIDENTE DE PARLAMENTO, HABRÍA ESTADO ENTERADO DE SU EJÉRCITO DE TROLLS QUE LO DEFENDÍAN EN LAS REDES SOCIALES
El programa Cuarto Poder reveló conversaciones del 27 de octubre de 2022, donde Sandra Rodríguez, asesora principal de Soto Reyes, instruye al personal a no llevar a cabo ninguna acción sin la autorización del congresista. Esto ocurre luego de que Soto Reyes se librara de una sentencia judicial por presunto delito de estafa y falsedad genérica al ampararse en una ley de prescripción que él mismo promovió en el Legislativo.
“Mensaje para todos: 1. No se realizará ninguna acción ni actividad, incluyendo videos, que no cuente con la autorización del congresista, bajo responsabilidad de ser retirado del despacho. 2. Se insta al respeto a las jerarquías, bajo la responsabilidad mencionada anteriormente”, escribió Rodríguez.
Los trabajadores Phenélope Contreras Cabezas, Melissa Huamán, Yeshira Peralta Salas y Rosa Buitrón respondieron con un “está bien, doctora” y “entendido”. Sandra Rodríguez añadió: “Por disposición del congresista, den por enterada su conformidad”. Luego, los asesores Eduardo Quezada, Julio Castillo, Yeshira Peralta y Edgar Gamarra respondieron con un “conforme”.
Estas conversaciones resultarían fundamentales, ya que indicarían que Alejandro Soto estaba al tanto de las coordinaciones entre su equipo a través de este chat, lo cual contradice el comunicado que emitió el lunes pasado, donde afirmaba que “no tenía conocimiento ni interferencia alguna” en las conversaciones de sus asesores.
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La Comisión de Ética del Congreso recientemente aprobó investigar tres denuncias contra Alejandro Soto. La primera se refiere a la presunta contratación de la hermana de la madre de su hijo, con el fin de determinar si esta acción vulnera la ética parlamentaria. La segunda se relaciona con su supuesto beneficio de la Ley 31751, que modifica la suspensión del plazo de prescripción de delitos; y la tercera se basa en la utilización de contribuciones de sus trabajadores en campañas de redes sociales para mejorar su imagen
