MINISTERIO PÚBLICO PIDE AL CONGRESO RECONSIDERAR SU DECISIÓN DE ARCHIVAR LA DENUNCIA CONSTITUCIONAL CONTRA LA PRESIDENTA
La Fiscalía de la Nación solicitó formalmente al Congreso reconsiderar su decisión de archivar definitivamente la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por el denominado caso Rolex.
Según informó el Ministerio Público, el Parlamento incurrió en “graves vicios procesales” al tramitar la denuncia constitucional contra la presidenta por cohecho pasivo impropio, por presuntamente recibir joyas, incluidos tres relojes Rolex, del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima. Esto supuestamente a cambio de beneficiar a dicha región con millonarias partidas presupuestales.
“Como consecuencia de ello (los graves vicios procesales), se declare la nulidad de todo lo actuado en sede parlamentaria y se disponga el diferimiento del procedimiento parlamentario hasta que cese la inmunidad presidencial prevista en el artículo 117 de la Constitución, a efectos de garantizar una actuación parlamentaria ajustada a Derecho«, comunicó la Fiscalía.
De acuerdo con la solicitud fiscal, es “jurídicamente insostenible” que el Congreso haya archivado el caso Rolex invocando recién el artículo 117 de la Constitución cuando la denuncia constitucional ha pasado por distintas etapas y nunca se cuestionó la supuesta prohibición para continuar con el trámite.
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“Si el artículo 117 impedía continuar con la acusación, el trámite parlamentario debió suspenderse desde un inicio. Sin embargo, se sustanció todo el procedimiento y recién al final se invocó dicho artículo, generando un doble estándar. Esta inconsistencia fue advertida oportunamente por el Ministerio Público en la sesión del 18 de marzo de 2025, sin que se resolviera nuestro cuestionamiento”, alegan.
También se reprocha que no se hayan evaluado los elementos que demostrarían que Dina Boluarte cometió el delito “ni considerar el interés público comprometido”.
Por ello, la Fiscalía de la Nación requiere la reconsideración del archivo, la anulación de todo lo realizado por el Parlamento y la postergación del trámite hasta que acabe el mandato de Boluarte.
“A efectos de evitar la impunidad, asegurando que los hechos graves atribuidos a la presidenta de la República, como el delito denunciado, puedan ser revisados y sancionados en el momento oportuno, sin que la inmunidad temporal se convierta en un blindaje permanente”, sentenció el Ministerio Público.
