CONGRESO AHORA APROBÓ QUE LA PRESIDENTA PUEDA SALIR A ECUADOR
El Pleno del Congreso de la República aprobó anoche con 57 votos a favor y 33 en contra que la mandataria Dina Boluarte viaje a Ecuador con el fin de participar en la ceremonia de posesión de mando del mandatario electo Daniel Noboa Azín.
La salida de Boluarte está prevista para este sábado 24 de mayo, y la ceremonia se llevará a cabo en la ciudad de Quito, capital del país vecino.
El pedido de autorización fue remitido al Congreso mediante un oficio enviado el 20 de mayo. El documento lleva la firma de la presidenta de la República, Dina Boluarte, y del jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana.
En el texto se señala que la mandataria mantendrá el despacho presidencial “de forma virtual”, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (Ley Nº 29158). Esa norma permite a un presidente ausentarse del país, siempre que reciba la autorización del Congreso y mantenga la conducción del Gobierno desde el extranjero.
En la solicitud remitida al Congreso se argumenta que la asistencia de Boluarte a la ceremonia de Daniel Noboa busca “ratificar el compromiso del Perú” con la cooperación bilateral e integración fronteriza entre ambos países. Ecuador y Perú mantienen una agenda común en materia de seguridad, comercio, migración y lucha contra el crimen transnacional, temas que usualmente se abordan en estos encuentros oficiales.
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La autorización fue gestionada a través del Proyecto de Resolución Legislativa Nº 11249/2024-PE, presentado y sustentado por el canciller Elmer Schialer durante la sesión plenaria del miércoles 21 de mayo. La Cancillería también ha considerado que esta visita fortalece la relación diplomática con el nuevo gobierno ecuatoriano, que inicia funciones en un contexto de inestabilidad y creciente inseguridad ciudadana.
La aprobación del viaje de Boluarte ocurre mientras la mandataria enfrenta una serie de cuestionamientos legales y políticos en el país. Solo en los últimos días, la Fiscalía de la Nación presentó cinco denuncias constitucionales ante el Congreso por presuntos delitos que incluyen enriquecimiento ilícito, omisión de funciones, colusión y encubrimiento personal.
