Una polémica decisión judicial ha reactivado obras públicas por casi S/ 700 millones, beneficiando a empresas con antecedentes de corrupción y procesos de investigación fiscal en curso. El fallo, emitido por el juez Lenin Montoro, exige únicamente garantías simbólicas de S/ 200 mil soles, generando preocupación en torno a la transparencia y el control de los procesos de contratación del Estado.
El caso Consorcio Vial Sama
En la resolución (Exp. N° 17128-2025-41-1801-JR-CA-04), el magistrado Montoro acogió una medida cautelar presentada por Construcción y Conservación del Norte S.A.C., ordenando suspender la Resolución Directoral N° 828-2025-MTC/20, la cual había declarado nula la Licitación Pública N° 003-2024-MTC/20.
La nulidad inicial se sustentaba en graves irregularidades, entre ellas:
Filtración de información sobre los montos ofertados por los postores antes del proceso de adjudicación.
Presuntas reuniones entre postores y miembros del comité de selección.
Pese a que el caso viene siendo investigado por la fiscalía, la medida cautelar permitió restablecer la buena pro a favor del consorcio, reactivando la construcción de la carretera Boca del Río – Tacna, valorizada en más de S/ 600 millones.
Controversia y alertas
Este no es el primer fallo del juez Montoro que favorece a compañías cuestionadas. Según informes previos, ya se habían emitido alertas de la Contraloría General de la República, además de sanciones administrativas contra estas empresas. La decisión judicial, sin embargo, minimizó estas observaciones y abrió paso a la ejecución del millonario contrato con garantías consideradas “irrisorias”.
La situación revive el debate sobre la fiscalización de las contrataciones públicas y el rol de los jueces en la lucha contra la corrupción en el Perú, donde grandes obras de infraestructura siguen quedando en manos de empresas con antecedentes negativos.
