La cifra de mujeres muertas tras el enfrentamiento de bandas en una cárcel de Honduras subió a 46, mientras comenzaron a entregarse los cuerpos a los familiares, informaron este miércoles fuentes del Ministerio Público.
ASCIENDEN A 46 LAS FALLECIDAS POR UN ENFRENTAMIENTO ENTRE PANDILLAS
“46 es el total de cuerpos ingresados a Medicina Forense”, dijo a la agencia de noticias AFP el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, quien explicó que deben esperar las pruebas de identificación para constatar si todas las víctimas son presas.
La portavoz de la Dirección de Medicina Forense, Issa Alvarado, señaló por su parte que “hay 23 cuerpos identificados con nombre y apellidos y han sido entregados a los familiares”.
El enfrentamiento entre pandillas rivales se produjo el martes en el Centro Femenino de Adaptación Social (Cefas) de Támara, 25 kilómetros al norte de Tegucigalpa.
De acuerdo con las autoridades, reclusas de la pandilla Barrio 18 irrumpieron disparando con armas de grueso calibre en el edificio donde se ubican sus rivales de la Mara Salvatrucha (MS-13), y posteriormente lo prendieron fuego.
Reclusas de la pandilla Barrio 18 irrumpieron disparando con armas de grueso calibre en el edificio donde se ubican sus rivales de la Mara Salvatrucha, y posteriormente lo prendieron fuego.
“El módulo está completamente destruido, fue quemado en su totalidad”, aseguró la presidenta de la asociación de familiares de privados de libertad, Delma Ordoñez.
Los cuerpos comenzaron a llegar a la Morgue Judicial de Tegucigalpa la tarde del martes.
Durante toda la noche, familiares acudieron a las afueras de la morgue a buscar información, muchos sin saber si sus parientes estaban entre las víctimas. La entrega de cuerpos comenzó en la madrugada, según Alvarado.
“Se espera que sea un proceso rápido para darles una pronta respuesta a los familiares”, dijo la portavoz a la AFP.
Indicó que Medicina Forense cuenta con una sala de autopsias con hasta 15 camillas y trabajan en forma simultánea cinco equipos de médicos.
En el proceso el cuerpo que ingresa se etiqueta con un número de autopsia, se le toman radiografías y se practican pruebas de laboratorio, para la elaboración de un dictamen que se entrega a la fiscalía.
Los médicos determinan las causas de la muerte de cada persona, porque hubo “disparos de armas de fuego, armas blancas, calcinados”, añadió.
El Cefas alojaba a unas 900 reclusas.
Leer también [Las nuevas medidas para taxistas por aplicativos]
“Emergencia”
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, dijo en Twitter que está “conmocionada” por el “monstruoso asesinato de mujeres (…) planificado por maras a vista y paciencia de las autoridades de Seguridad”.
La mandataria anunció “medidas drásticas” tras el incidente y en horas de la noche destituyó al ministro de Seguridad.
La viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, declaró una “emergencia” en la prisión y autorizó “la intervención inmediata con acompañamiento de bomberos, policías y militares”, escribió en Twitter.
Villanueva fue nombrada en su puesto después de que varios enfrentamientos en cuatro cárceles registrados en abril dejaran un muerto y siete heridos.
La viceministra anunció entonces un plan para controlar las 26 prisiones del país, ocupadas por unos 20.000 internos, que incluye un “desarme real a través de registros manuales y electrónicos permanentes” y “el bloqueo total de la señal telefónica” para evitar que los reos sigan delinquiendo desde las cárceles.
La coordinadora residente de las Naciones Unidas en Honduras, Alice Shackelford, ha expresado un “fuerte rechazo a la violencia” tras conocer la tragedia de Cefas. “Mi corazón llora y comparto el luto con sus familias”, ha dicho la diplomática. “Mi solidaridad con las mujeres en el Centro Penitenciario y mi fuerte rechazo a la violencia”, ha expresado Shackelford en un mensaje en Twitter.
Esta tragedia ocurre justo cuando la presidenta Castro ha decidido tomar medidas similares a las de su homólogo salvadoreño Nayib Bukele para hacer frente a la violencia de las maras. Castro anunció en noviembre una polémica política que incluye estados parciales de excepción para combatir el crimen en las zonas más inseguras de las ciudades hondureñas, como San Pedro Sula, considerada una de las más violentas del mundo. Las medidas se han puesto en marcha en 120 comunidades, donde además se han suspendido las garantías constitucionales y se han movilizado a militares para establecer el orden.
