DENUNCIAN QUE EL GOBIERNO LE PAGA LA ALIMENTACIÓN A LA PRESIDENTA Y SU FAMILIA
La presidenta Dina Boluarte ha sido premiada por partida doble. Al aumento de su sueldo a S/35.568 mensuales, se le suma otro beneficio: una tarjeta electrónica de consumo, con S/5.000 mensuales destinados para la alimentación de la presidenta y su familia en la residencia oficial de Palacio de Gobierno.
Punto Final accedió al expediente completo de contratación pública, revelando que el despacho presidencial recurrió a una “Adjudicación Simplificada” para adquirir el servicio a través de la empresa Pluxee Perú SAC, anteriormente conocida como Sodexo. La tarjeta, utilizada como medio de pago en supermercados, restaurantes, cafés y diversos comercios, permite compras en una amplia variedad de rubros: abarrotes, frutas, verduras, carnes, pescados, productos lácteos, panadería, bebidas y alimentos preparados.
El documento oficial autoriza una recarga mensual de S/5.000, sin límite de gasto diario ni restricciones para solicitar recargas adicionales, siempre que se justifique vía correo institucional. No permite retiros en efectivo, pero, de agotarse el saldo, la dependencia puede gestionar una nueva carga de fondos.
Desde la administración, Palacio rechazó informar el detalle de consumos efectuados con la tarjeta, argumentando razones de seguridad que, según el gobierno, buscan evitar riesgos para la integridad de la presidenta y su entorno. La oficina de transparencia aclaró que brindar la lista de compras o los lugares de consumo podría exponer patrones o rutinas que significarían, a su criterio, un riesgo susceptible de ser aprovechado por organizaciones delictivas o terroristas para organizar un ataque.
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La medida, calificada como confidencial en las propias bases de contratación, obliga al proveedor del producto a mantener absoluta reserva sobre movimientos, consumos y cualquier información resultante del uso de la tarjeta. Consultados para el informe, dos expresidentes negaron haber disfrutado de una facilidad similar. Estudios del sistema de contratación pública corroboran esta versión y señalan que la compra de la tarjeta presidencial había quedado suspendida desde 2018, siendo restablecida únicamente en la gestión de Dina Boluarte.
A su vez, el congresista Jorge Montoya defendió la medida, argumentando que “un presidente no va al mercado a comprar”.
“Si quieres una respuesta populista te diría que no, que es lo más fácil, pero estaría yendo contra la realidad. O sea, un presidente no camina por la calle, no tiene libertad de movimiento, tiene que ser atendido”, mencionó en diálogo con el programa Nacional Noticias.
