La Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe que recomienda la inhabilitación para por diez años del expresidente Martín Vizcarra, ocho años para la exministra Pilar Mazzetti y un año para la excanciller Elizabeth Astete por la vacunación irregular con dosis destinadas a los investigadores de un estudio clínico.
VIZCARRA, MAZZETI Y ASTETE FUERON CASTIGADOS POR HABERLE MENTIDO AL PUEBLO CON SU IRREGULAR VACUNACIÓN
El congresista Ali Mamani Barriga (Nueva Constitución), ponente del caso, dijo que Vizcarra, en su condición de expresidente de la República, incurrió en seis infracciones constitucionales al haberse vacunado a escondidas.
Además, el legislador dijo que el expresidente usó el cargo para inocular a su esposa y su hermano de manera irregular y mintió al país al señalar que fue voluntario de los ensayos clínicos.
“La inhabilitación con 10 años para el ejercicio de la función pública es idónea para evitar que vuelva cometer la misma conducta lesiva, garantizar la igualdad ante la ley, facilitar el acceso equitativo al servicio de salud de los peruanos y estar al servicio de la nación y de la Constitución”, refirió.
En ese sentido, consideró que es lesivo para el país y la ciudadanía que Vizcarra siga ejerciendo cargos públicos en el futuro y el poder en beneficio personal y no de la ciudadanía.
Para la exministra de Salud, Pilar Mazzetti, el informe plantea la inhabilitación por ocho años para el ejercicio de la función pública por infracción a la Constitución, dado que se benefició con dos dosis de la vacuna y mintió sobre esta condición.
Leer también [José Vega informó que dio positivo a la Covid-19]
“Mintió dos veces, cuando dijo que el capitán del barco se vacuna al último y durante su presentación en el Congreso donde dijo desconocer si sus colaboradores se habían vacunado, además generó una crisis política al haber mentido sobre el verdadero motivo de su renuncia”, señaló.
En el caso de la exministra Elizabeth Astete, el congresista Mamani aseguró que infringió dos artículos de la Constitución, pero admitió haberse vacunado, facilitó información sobre la actuación de otros exfuncionarios y no gestionó su vacunación. Por ello plantea un año de inhabilitación.
