La Defensoría del Pueblo felicitó al profesor Pedro Castillo Terrones, presidente electo de la República, y le expresó sus deseos de éxito “por el desarrollo y el progreso del país”. A través de un pronunciamiento, destacaron el compromiso que deben tener las próximas autoridades en la lucha contra la corrupción.
LE EXHORTAN A MANTENER ALEJADOS A LOS MALOS ELEMENTOS FUERA DE SU GOBIERNO
“En esa línea, siguiendo lo expresado en el artículo 110º de la Constitución, el presidente de la República es el jefe del Estado y personifica a la Nación, por lo que a él corresponde encarnar y liderar el combate contra la corrupción“, señalaron.
La Defensoría recordó que la corrupción genera una pérdida anual de más de 23 mil millones de soles del erario nacional, tal como ha sostenido la Controlaría. Agregaron que el costo de este flagelo no es solo económico, sino también representa un obstáculo para garantizar los derechos fundamentales y la adecuada prestación de servicios públicos en nuestro país.
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“Sobre el particular, la Defensoría del Pueblo ha sostenido, en reiteradas ocasiones, que la corrupción no solo socava las bases del sistema democrático y afecta la legitimidad de las instituciones, sino que provoca vulneraciones en los derechos de las personas y, con mayor intensidad, en aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad“, indicaron.
Recordaron, además, que en atención al grave impacto social de la corrupción, el Tribunal Constitucional ha sostenido que constituye un atentado contra el Estado social y democrático de Derecho, lo cual obliga al Estado y especialmente al presidente de la República, a adoptar medidas concretas a fin de combatirla.
“Para la Defensoría del Pueblo, la cercanía al poder de personas que han incurrido en actos de corrupción, resulta especialmente peligrosa, pues pone en riesgo la objetividad de la investigación de estos delitos y la imparcialidad de la actividad jurisdiccional dirigida a sancionarlos”, apuntaron.
Finalmente, consideraron que el presidente de la República tiene la obligación constitucional de liderar la lucha contra la corrupción y mantener la integridad de dicho cargo, alejando de su entorno a personas investigadas y, con mayor razón, condenadas por delitos de corrupción.
