CONTRALORÍA HALLÓ PRESUNTO DESBALANCE PATRIMONIAL EN LA PRESIDENTA
- Y para evitar denuncia por desbalance, presentó proyecto de ley para afectar la capacidad de control de la Contraloría.
De acuerdo al contralor Nelson Shack, la presidenta Dina Boluarte habría declarado menos cuentas de las que le fueron detectadas en el sistema financiero.
Ante ello, y con el afán de que no se supiese el origen de sus nuevas propiedades o joyas, utilizó el Ejecutivo para que presente una ley que tenía como finalidad recortar la capacidad de fiscalización de la Contraloría General de la República.
“La Contraloría inició hace un par de meses la investigación sobre el caso de los Rolex y demás joyas (y se ha) detectado que la señora presidenta ha declarado menos cuentas de las que hemos nosotros detectado en el sistema financiero nacional y esto ha conllevado a que tenga un presunto desbalance patrimonial”, aseveró el contralor a RPP.
Asimismo, indicó que coincidentemente, tras el reporte de la Contraloría, el gobierno presentó una ley que reduce considerablemente el presupuesto de la Controlaría en sus trabajos de control concurrente. “Eso ha sido comunicado a la señora presidenta el día 1 de julio y 10 días después aparece este proyecto de ley (a la Comisión Permanente)”, aseveró.
“Hay que ser conscientes de que estas transferencias del control concurrente no solamente sirven para hacer el control concurrente, sino todas las distintas modalidades de operación con la que la Contraloría viene desarrollando su trabajo. Y en ese sentido, nos llama poderosamente la atención cómo, sin mayor discusión técnica, el Poder Ejecutivo ha enviado este proyecto de ley conteniendo esa disposición de esta naturaleza“, manifestó.
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Investigación sigue
El contralor indicó que el proceso de investigación aún continúa y la mandataria puede enviar sus descargos la próxima semana. “Espero que la comisión auditora que está viendo esto cierre definitivamente el informe en las próximas semanas”, acotó.
Finalmente, Shack hizo un llamado al Congreso de la República y a la Comisión Permanente para que haya una “mayor reflexión” y no apruebe el proyecto enviado por el Ejecutivo.
