MINISTERIO PÚBLICO ALISTA DEMANDAS DE INCONSTITUCIONALIDAD ANTE EL TC
Parlamento y Ejecutivo ceden ante la presión y anuncian ‘correcciones’
La promulgación de la Ley 32181 por parte de Dina Boluarte que elimina la detención preliminar sin flagrancia ha detonado una bomba al interior de la política nacional.
Todos los estamentos del aparato de Justicia (Fiscalía, Poder Judicial) así como los especialistas del sector, han coincidido de las graves consecuencias que podría entregar dicha ley, como la liberación de varios detenidos por crímenes contra la vida, corrupción y delitos execrables como el caso de la menor de 13 años en Villa María del Triunfo, cuyo asesino no fue detenido en flagrancia, sino varias horas después. Viendo el zafarrancho que aprobó el Congreso y que luego fue ratificado por el Ejecutivo, el presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana (Alianza Para el Progreso) indicó que se volverá a ‘evaluar’ dicha norma.
“Tengo la misma preocupación. Ya hemos dispuesto al equipo de la presidencia que nos haga una revisión de esa norma porque tiene aspectos positivos, pero en cuanto al tema de la detención preliminar ahí creo que tenemos que corregir, tenemos que rectificar”, respondió ante la prensa al ser consultado sobre la norma.
Alistan demandas
Pero los tiempos se acortan para su verificación. Recordamos que la presente legislatura vence este domingo 15 de diciembre, por lo que cualquier corrección se vería recién en febrero del 2025, en la siguiente legislatura.
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Mientras tanto, la Fiscalía anunció que presentarán una demanda de inconstitucionalidad a la norma que modifica el Código Procesal Penal. “Una consecuencia inmediata es que las leyes favorecen el accionar del crimen organizado. Un objetivo, más allá de este, sería que el Ejecutivo y Legislativo es pretender instaurar un régimen autoritario… (presentar la demanda) sería la primera medida para que el Tribunal Constitucional se pronuncie, seguramente lo va a hacer«, manifestó Víctor Cubas, vocero del Ministerio Público.
De esta manera, el Ministerio Público demandará la ilegalidad de Ley 32181 y también de la 32182, que sanciona de manera penal a fiscales o jueces que liberen a personas arrestadas en flagrancia
Desde el Ejecutivo, el Ministerio de Justicia afirmó que también evaluará dicha ley que elimina la detención preliminar sin flagrancia, tras críticas del Ministerio Público y que emitirá su opinión sobre si es pertinente o no.
