Matan a fiscal ecuatoriano que investigaba asalto a canal TC

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Matan a fiscal ecuatoriano que investigaba asalto a canal TC
Matan a fiscal ecuatoriano que investigaba asalto a canal TC

Fue objeto de tiroteo luego de salir de sede policial

El fiscal ecuatoriano, César Suárez, que tenía a cargo a cargo la investigación sobre el asalto armado a las instalaciones del canal ecuatoriano TC Televisión, fue asesinado a balazos por un grupo armado, durante un tiroteo registrado en la tarde del miércoles en la ciudad de Guayaquil.

La fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, en un mensaje grabado y transmitido en la red social X, antes Twitter, condenó el asesinato del fiscal César Suárez.

 “Los grupos de delincuencia organizada, los criminales, los terroristas, no detendrán nuestro compromiso con la sociedad ecuatoriana. Continuaremos con más fuerza y compromiso”, señaló.

En este sentido, hizo un llamamiento a las fuerzas del orden para garantizar la seguridad de los fiscales tras “este hecho atroz” y pidió a la judicatura que autorice que se celebren las audiencias “de forma telemática”.

Salazar dijo que la Fiscalía ha emprendido las primeras investigaciones sobre el asesinato de Suárez y tras expresar las condolencias a su familiares, aseguró que su legado acompañará las luchas del Ministerio Público contra el crimen.

Suárez fue baleado mientras circulaba con su vehículo por una avenida en el norte de la ciudad tras salir de la sede de la Policía Judicial. Varias unidades policiales han sido desplegadas para capturar a los responsables, ha informado la cadena Ecuavisa.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) condenaron este mismo miércoles en un comunicado los “graves hechos de violencia” que se suceden en Ecuador y han instado al Estado a “investigar, juzgar y sancionar” a los responsables.

El fiscal asesinado trabajaba para la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y estaba a cargo del caso contra los 11 detenidos por delitos de terrorismo, cargo que conlleva una pena mínima de 16 años de cárcel y una máxima de 26 años.