Luego de confirmarse los primeros cinco casos de COVID-19 en el penal Sarita Colonia, en el Callao, la Defensoría del Pueblo pidió al Instituto Nacional Penitenciario que refuercen las medidas preventivas para evitar la propagación del virus a más reos.
De los contagiados, cuatro son reclusos y el quinto es un trabajador del establecimiento, quien tuvo contacto con los anteriores. En este marco, se pidió que se apliquen pruebas rápidas para conocer si hay más contagiados y poder ponerlos a buen recaudo.
“Reiteramos que la rápida propagación de este virus es altamente probable debido a las condiciones de hacinamiento y falta de higiene que existen en el penal del Callao, como en los 67 a nivel nacional”, señaló la Defensoría del Pueblo vía Twitter.
Las condiciones en las que viven los presos no son las más óptimas, pues fue construido para recibir a 572 personas, pero cuentan con más de 3 200. Además, existen unos 11 536 internos en todo el Perú que padecen enfermedades crónicas y se encuentran en estado vulnerable ante un contagio.
De momento, los cuatro reos se encuentran bajo vigilancia epidemiológica y recibiendo la atención necesaria. En cuanto al trabajador, él cumple con la cuarentena en su vivienda con los cuidados dispuestos por el Ministerio de Salud (Minsa).
“El INPE tiene la obligación de garantizar el derecho a la salud y dignidad de todo su personal, así como de la población penitenciaria a nivel nacional”, finaliza el comunicado.
