LÍDER DE NUEVO PERÚ AFIRMA QUE ETNOCACERISTA BUSCÓ FRUSTRAR SU INSCRIPCIÓN AL JNE
- Lideresa no descarta alianzas con otros partidos de izquierda para evitar avance de la ‘mafia’.
La izquierda está dividida. Al menos la fracción que representan Verónika Mendoza y Antauro Humala, quien recientemente firmó una alianza electoral con Juntos por el Perú, ex aliado político de la lideresa de izquierda.
En el programa de Nicolás Lucar, la ex candidata a la presidencia reveló que el líder etnocacerista, Antauro Humala, quiso impedir que el partido político Nuevo Perú por el Bien Vivir logre su inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
“Nos interpusieron una tacha para frenar nuestra inscripción, ¿Quién la puso? Antauro“, contó Mendoza.
“Nosotros conocemos a personas como Antauro: muy valiente, machito para la tribuna, pero a la hora de enfrentar al poder, pactan bajo la mesa como lo está haciendo la presidenta Dina Boluarte”, aseveró la excongresista.
De esta manera, Mendoza descarta una alianza electoral con Antauro y su partido; sin embargo, no descartó buscar convenios con otras agrupaciones de izquierda. “Buscaremos una amplia coalición democrática para evitar que la mafia siga avanzando”, afirmó.
Del mismo modo, no aseguró su candidatura a la presidencia representando a Nuevo Perú.
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Revés para Antauro
A propósito de Antauro, se supo que la Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima rechazó el recurso de habeas corpus presentado por el líder nacionalista, quien buscaba activar mecanismos que le permitan anular la condena impuesta por el Andahuaylazo, en el 2005.
Como se sabe, Humala Tasso junto a la Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.), vienen operando con miras a las próximas elecciones generales del 2026. Por eso, presentó dicho recurso al Poder Judicial para participar en el proceso electoral como ‘procesado’ y así poder postular sin problemas.
Hay que recordar que en el Congreso de la República está un proyecto de ley que busca impedir la postulación de personas a cargos públicos si cuentan con condena por asesinato y otros delitos.
