Congreso salvó la cabeza de Dina Boluarte

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Dina Boluarte
Dina Boluarte

NO ADMITE A DEBATE SU VACANCIA PRESIDENCIAL Y TAMPOCO INTERPELARÁ AL MINISTRO ARANA

El pleno del Congreso rechazó ayer admitir a trámite la moción de vacancia que se presentó el 15 de diciembre del 2023 en contra de la presidenta Dina Boluarte por “abandono de cargo” y “por haber salido del territorio nacional sin encargar el Despacho Presidencial”.

Con 69 votos en contra, 28 a favor y seis abstenciones, la representación nacional archivó la moción planteada por un grupo de legisladores de izquierda.

Durante la sesión del pleno, el titular del Legislativo, Alejandro Soto, precisó que se requería el 40% de votos a favor para que la moción sea admitida a debate; es decir, un total de 49 votos. Con el rechazo de la moción de vacancia presidencial dio inicio a la segunda legislatura del periodo anual de sesiones 2023-2024.

El vocero de la bancada de Perú Libre, Flavio Cruz, se encargó de sustentar el pedido, argumentando que los viajes al extranjero de la Mandataria “no se ajustan al marco constitucional vigente puesto que salió del país sin tener ningún vicepresidente al cual encargar el despacho presidencial”.

Respecto a la legislación que autoriza los viajes al exterior de la Jefa del Estado y la faculta a ejercer funciones de gobierno de manera remota, Cruz indicó que ninguna norma puede estar por encima de lo que se indica en la Constitución.

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Mociones de interpelación

Por otro lado, el pleno del Congreso no admitió a debate la moción de interpelación planteada en contra del ministro de Justicia, Eduardo Arana. 62 parlamentarios votaron en contra, 25 a favor y 13 se abstuvieron.

La sustentación del pedido corrió a cargo del parlamentario no agrupado Jaime Quito, quien señaló que este se sustenta en la liberación del expresidente Alberto Fujimori, autorizada por el Gobierno y ejecutada a través de la cartera ministerial a cargo de Arana.

El legislador afirmó que la salida de prisión del exmandatario mencionado, si bien fue dispuesta por una sentencia del Tribunal Constitucional, “resulta contraria a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y contraviene a la obligación del Ejecutivo de cumplir y hacer cumplir los tratados internacionales”.