Intentaron quemarlos vivos. Prendieron fuego a una estación barrial de la Policía de Bogotá, Colombia que tiene las ventanas blindadas, y cuando los diez agentes lograron salir y correr, algunos heridos, la turba les persiguió para agredirles. No tenían forma de repeler el ataque distinta a confiar en que los dejaran en paz a los pocos metros.
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No lejos de la capital colombiana, a unos 38 kilómetros, en Tocancipá, una ambulancia intentaba trasladar a una embarazada a punto de dar a luz. Debieron parar en varias barricadas, abrir el vehículo y mostrar que era cierta la urgencia, para que les dejaran continuar. Tardaron tanto en superar los obstáculos, que el feto, que tenía problemas, llegó muerto al hospital.
Además de esa muerte y otras 19 más, van hasta el momento 522 policías y un millar de civiles heridos, 254 comercios saqueados, 87 sucursales bancarias y dos sedes de gobernaciones asaltadas, cargas de camiones robadas, así como decenas de autobuses, peajes y CAI (pequeñas estaciones de policía) destruidos, entre otros muchos destrozos. Bogotá, Cali, Bucaramanga, Medellín, Neiva, Armenia, fueron algunas de las localidades afectadas.
Para el Ministerio de Defensa, las disidencias de las FARC, así como células urbanas del ELN, están detrás de los atentados más brutales y los que presentaban un mismo patrón. Precisamente, congresistas opositores presentaron el martes una propuesta de moción de censura contra el ministro Diego Molano por “violaciones de derechos humanos”.
La violencia generalizada no solo ha provocado pérdidas multimillonarias en los sectores públicos y privados, también ha sumido a la ciudadanía en el miedo y la zozobra. Todo ello dibuja un panorama desolador en las principales ciudades y deja al Gobierno contra las cuerdas.
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Iván Duque, que ya cuenta con un nuevo ministro de Hacienda dispuesto a buscar consensos para una nueva reforma tributaria menos ambiciosa que la pasada, intenta frenar la paralización general con un llamado al diálogo y una agenda concreta. Esperaba comenzar este mismo 5 de mayo para finalizar el 20, con diez diferentes interlocutores, entre los que figuran alcaldes de ciudades capitales, transportadores, estudiantes y partidos políticos.
