Hace pocas semanas, una académica del Derecho, clarificó un tema incómodo para la clase dirigencial: “Todos quieren hablar de narcotráfico. Pocos quieren hablar de los narcos. Nadie quiere hablar de los socios políticos de los narcos”. Lo escribió en su cuenta de Twitter Natalia Volosin, una abogada argentina graduada en la prestigiosa Universidad de Yale, en los Estados Unidos.
TODOS ELLOS ESTÁN EN LA MIRA DE LOS ESTADOS UNIDOS
Quizás sin saberlo, anticipaba lo que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) está ejecutando por estas horas con los socios profesionales de los más importantes narcotraficantes mexicanos.
Esa oficina dependiente del Departamento del Tesoro norteamericano está moviendo sus cartas en un nuevo paradigma. Desde hace tiempo tiene bajo su radar a las empresas que sirven de pantalla a los narcos, pero ahora se enfocará en investigar, perseguir y atrapar a aquellos que están detrás y crean esas polémicas firmas.
“Los narcos no son sólo esos personajes extravagantes que vemos en las series de televisión, con chaquetas con piedras y revólveres con incrustaciones en oro”, revela una fuente que conoce al detalle la nueva operación en estricto off the record. “También son los que caminan por Ciudad de México de traje y corbata como cualquier otro ejecutivo o abogado”. Son muchos y la OFAC ya tendría identificado a los primeros.
Son notarios, auditores, abogados que asesoran a las empresas que ya fueron sancionadas por Washington por lavar activos de los principales capos de la droga de México. Sobre ellos, Estados Unidos colocó la mirada. Sabe quiénes son aquellos que armaron toda una ingeniería legal que les permite a los carteles manejar su dinero de forma tal que pase por debajo de los radares institucionales. O con su oportuna complicidad. “Ya no quieren enterrar más sus dólares en caletas. Esa época de Pablo Escobar ya pasó, quedó en el pasado. Ahora necesitan disponibilidad inmediata y legal de su dinero sucio”, añade ese mismo informante.
Las inmensas estructuras delictivas que gestionan los carteles no sólo se remite a sicarios, ejércitos irregulares, mulas y laboratorios que controlan amplios territorios en todos los estados de México. Recurren a profesionales con estudios que crean empresas de todo tipo -de medicina, farmacéuticas, agropecuarias- para “enterrar” allí sus dineros y convertirlos en “capitales legales”. Incluso, algunas de estas compañías pueden llegar a ser rentables.
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Muchas de ellas están vinculadas estrechamente con “Los Cuinis”, el ala del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) que se dedica a blanquear ingresos. “Desarrollo Agricultura Verde de Sayula” es el nombre de una de esas firmas que fueron sancionadas por la OFAC. Quienes están detrás de ella deberían comenzar a preocuparse. Hay más casos.
Entre los años 80 y 90 algo similar intentaron los hermanos Rodríguez Orejuela, popes del Cartel de Cali en Colombia. Crearon “Drogas La Rebaja”, una cadena de farmacias que resultó en una fuente inmensa de ganancias y blanqueo no sólo de dinero, sino también de su nivel de vida y reputación. Sin embargo, la corporación estaba tan emparentada con la organización delictiva que cuando cayó el mayor de los capos arrastró consigo la mayoría de sus negocios. Ahora, la ingeniería profesional en México intenta disociar la imagen de los líderes narcos con esas empresas, desconocidas y hasta “fantasma”.
Para la OFAC -que tiene ya varias de esas empresas entre las sancionadas- esos auditores, abogados y notarios serían “tan narcos como sus jefes”. Y en las próximas semanas comenzaría a designarlos como lavadores de dinero proveniente del tráfico de drogas, casi el mismo estatus que pesa sobre los mandamases. “Son tan cómplices y responsables como un sicario, un jefe regional o los mismísimos capos”.
Estas compañías -en apariencia legales- y sus asesores no sólo contribuirían a facilitar dinero a los narcos, sino que actuarían como una futura fachada para el resto de las familias detrás de los carteles de la droga. Gracias a la instrumentación legal de esas corporaciones, esposas, hijos, hermanos y hasta amantes podrían continuar sus vidas sin temor a pagar los costos que deben enfrentar las caras visibles del comercio de cocaína, heroína y marihuana por cuyas cabezas existen recompensas millonarias.
Las autoridades mexicanas estarían al tanto de estas maniobras para blanquear a los “representantes legales” de estas empresas. No pueden hacerlo sin algún tipo de aprobación oficial. Pero por el momento hacen silencio y prefieren mirar para otro lado. Algunos en Washington creen que en muchos casos hay impericia, pero que en la mayoría, existe una complicidad financiada.
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Tras encargarse de abogados, notarios y auditores al servicio de los narcos, la política podría ser el próximo lugar donde buscarían las autoridades norteamericanas. Confían en que los hombres de corbata entiendan más rápido que sería mejor hablar que seguir encubriendo a sus jefes narcos.
